La Comunidad Foral de Navarra retomará las negociaciones con el Gobierno central para asumir la competencia de Sanidad Penitenciaria. Así lo ha asegurado la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite en su discurso de investidura el pasado jueves. “Nos planteamos seguir negociando con el Estado para la asunción de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial, que ya está en marcha, y poder materializar las competencias de investigación científica y técnica así como la sanidad penitenciaria”.
¿Puede ser Andalucía la próxima comunidad autónoma en asumir la atención sanitaria en prisiones?
El Gobierno del Partido Popular, Ciudadanos y Vox en Andalucía está dando pasos firmes para convertir esta comunidad autónoma en la próxima que asuma la competencia de Sanidad Penitenciaria. Así lo cree Carmen Hoyos, vocal de Sanidad Penitenciaria en la Organización Médica Colegial (OMC), médico de prisiones y una de las profesionales convocadas por la Consejería de Salud y Familias de Andalucía para hablar sobre este tema.
El encuentro se produjo en la sede de la Consejería en Sevilla y asistieron la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Emilio Manuel García de la Torre y Hoyos. Según la vocal de la OMC, “García aseguró que el consejero de Salud Jesús Aguirre está muy sensibilizado con el tema y entiende que la situación sanitaria que se está viviendo en prisiones es un problema muy grave y está dispuesto a abordarlo, dándole prioridad”.”La impresión con la que salimos de la reunión fue muy buena”, resume la facultativa.
También en mayo, el Parlamento andaluz aprobó por mayoría una propuesta no de ley (PNL), presentada por Isabel Mora, de Adelante Andalucía, para asumir la atención sanitaria a los presos.
Las conversaciones en este sentido ya están muy avanzadas. Carmen Martínez Aznar, subdirectora general de coordinación de Sanidad Penitenciaria del Ministerio de Interior, confirmó este punto en su intervención durante la jornada organizada por la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida), el pasado marzo, en la sede de la Cruz Roja en Madrid.
Entonces, Martínez Aznar detalló los aspectos técnicos en los que se había avanzado y puesto a trabajar de manera conjunta las dos administraciones, el Ministerio de Interior y la Consejería de Sanidad de Navarra. Según describió el modelo a aplicar comienza por poner en marcha “las telecomunicaciones, teleconsultas, historia clínica digital y farmacia”. En el caso de Navarra ese primer momento ya estaría superado y se resume en una atención al paciente privado de libertad integrada dentro del sistema sanitario autonómico, con acceso a su historia clínica tanto dentro de la prisión, por el médico penitenciario, como fuera.
En la misma jornada participó Alfredo Martínez Larrera, como director de asistencia sanitaria del Paciente del Servicio Navarro de Salud-Osasumbidea, quien confirmó ese avanzado estado de las negociaciones con el Ministerio de Interior. En ese momento, apuntó dos aspectos que quedaban pendientes y que estaban “fuera del ámbito de la sanidad, que son la parte económica, que con el tema del cupo hace que la negociación económica sea diferente, y la integración de los profesionales, que también tiene la singularidad de que los médicos navarros son funcionarios”.
En relación a la parte económica, Martínez Larrera puso sobre la mesa y confirmó que el Gobierno de Navarra estaba “interesada no solo en la transferencia de la Sanidad, sino también en otras”.
Entre esas otras está la competencia de Tráfico que, a diferencia de Sanidad Penitenciara, podría resultaría más rentable para la administración local. Pero todo parece indicar que el interés de esta comunidad por Tráfico tiene más que ver con ir avanzando en el autogobierno, que con cuestiones más económicas, pues como señaló Larrea en su momento, Navarra tiene “640.000 habitantes y un buen presupuesto sanitario, así que la situación no es comparable con otras comunidades”. Mientras Chivite, en su discurso de investidura, señaló su compromiso de ir avanzando en el autogobierno, con su “impulso”, y con “los símbolos propios de la Comunidad foral”.
Las transferencias de la sanidad penitenciaria a los servicios sanitarios de salud de las comunidades autónomas es un mandato legal recogido en la disposición adicional sexta de la Ley de Cohesión de 2003. La citada norma establecía un periodo de 18 meses para que estas responsabilidades dejaran de corresponder al Ministerio de Interior para ser asumidas por la autonomías. La obligación legal se ha ido atrasando, hasta llevar ya 15 años de demora. Durante este tiempo las condiciones de asistencia médica a la población reclusa han ido empeorando según reclamó, José Joaquín Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y también puso de manifiesto Carmen Hoyos, vocal de Sanidad Penitenciaria de la OMC, en el encuentro organizado por Cesida.
Una nueva ley foral de salud
En cuanto a otras políticas sanitarias, Chivite reivindicó en su investidura que Navarra “necesita una nueva ley foral de Salud que modernice el Servicio Navarro de Salud y el Instituto de Salud pública y laboral, que aporte capacidad jurídica y organizativa para poder hacer una gestión más autónoma, ágil y eficiente y que se adapte a las realidades sociales”. “Una ley que deberá incluir la educación sanitaria y la salud ambiental y laboral”, añadió.
En el ámbito social, María Chivite defendió que “hay que adaptar la cartera de servicios sociales a las nuevas realidades, como el envejecimiento y la plena inclusión de las personas con discapacidad, el desarrollo del espacio sociosanitario“, así como “ampliar los servicios y prestaciones garantizados de manera igualitaria en toda Navarra”.
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