La patronal de laboratorios innovadores Farmaindustria se ha hecho eco este martes en un seminario con la prensa de las “voces cada vez mayores que dicen que deberíamos dedicar un 7% del PIB a la sanidad para garantizar su calidad”. Así lo a dicho su presidente Martín Sellés recordando que en el último año se invirtió en sanidad sólo el 6% del PIB, frente al 6,5% que se alcanzó en 2010 y el 7% que se recomienda para mantener el nivel de calidad del SNS.
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A esta petición de mayor gasto público en sanidad, la patronal ha añadido la argumentación de que el número de pacientes tratados ha crecido un 50% en los últimos años mientras que el gasto en medicamentos sólo lo ha hecho en un 2% en 2018 respecto a 2009. “El gasto publico por habitante en medicamentos es en España un 32% inferior al de la media de la eurozona”, ha concretado Sellés para defender acto seguido que la introducción de innovaciones no está encareciendo la factura pública como parece desprenderse de los grandes titulares de la prensa. “Para no caer en la demagogia cuando se habla del precio de los nuevos medicamentos hay que contar también que hay millones de pacientes que se tratan con medicamentos que cuestan 30-40 euros al año y la mitad de las dispensaciones de las farmacias tienen precio inferior a 3,5 euros”.
A esta argumentación, el director de Estudios de Farmaindustria, Pedro Luis Sánchez, ha añadido que “no sólo se han producido incorporaciones de innovaciones, sino también salidas de patentes”. Esta caducidad de patentes, de hecho, se espera que crezca un 20% respecto al último quinquenio de forma que, teniendo en cuenta la incorporación de innovaciones pero también la caducidad de patentes la previsión de crecimiento del gasto farmacéutico a 2021 sería menor del 2,5%. A esto se añade el hecho de que “el peso de los medicamentos innovadores se ha mantenido constante en alrededor del 30% del gasto. Esto lo que nos dice es que la incorporación de la innovación no pone en riesgo el sistema ni su sostenibilidad”, concluye el director de Estudios de la patronal de laboratorios.
Ante el goteo de críticas no sólo por el elevado precio de las innovaciones sino también por la falta de transparencia en los pecios de estos nuevos productos, Sellés ha contestado con contundencia que “si existiera más transparencia, los precios en España sería más altos. La confidencialidad es positiva para el sistema”.
A esta misma idea se ha aferrado la directora del departamento jurídico de Farmaindustria, Lourdes Fraguas, que ha insistido, en referencia a las últimas resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que la tendencia internacional es ya a entender que hay que encontrar un equilibrio entre la transparencia y el interés público que puede tener un país en mantener la confidencialidad de los precios finales para poder negociar precios más bajos. En su opinión la legislación ya contempla esas “excepcionalidades” en la transparencia de precios de los medicamentos pero hace falta que se consolide todavía una interpretación en esta misma línea por parte de los órganos de transparencia nacionales y de otros países.
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