Poco, por no decir nada, se está hablando en la sanidad española de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 2015. Se trata de “un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia”, según la propia ONU. Fue suscrito por 193 estados miembros y plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Los países firmantes se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación bajo este objetivo: “Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”.
Que no se hable en la sanidad de esa trascendental agenda nacional e internacional no significa que no le ataña: el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), que acumula más de 30 años en este campo, ha identificado al menos 48 metas de los objetivos seleccionados que sí son relevantes para la salud. “Estas metas corresponden a 15 ODS y se encuentran principalmente en el ODS 3 (Salud y Bienestar) y el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles)”, según este organismo, que defiende que “las políticas urbanas saludables pueden reducir considerablemente la carga de enfermedades infecciosas y no transmisibles y mejorar el bienestar de las y los habitantes de las ciudades”.
El ODS 3 sobre Salud y Bienestar insta a mantener el carácter universal, público y gratuito del sistema sanitario, así como a garantizar su sostenibilidad, pero también a impulsar la alimentación saludable y el ejercicio físico, minimizar la contaminación y prevenir y abordar las discapacidades, reduciendo su impacto sobre la salud y la calidad de vida de los afectados .
Esta agenda compete al Gobierno central, cuyos ministerios deberían estar ya muy implicados en objetivos cuya consecución solo es posible con políticas transversales. El nuevo vicepresidente segundo del Ejecutivo que preside Padro Sánchez y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, debería tenerlo especialmente fácil con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el de Consumo, Alberto Garzón, con los que comparte edificio ministerial en Paseo del Prado 18-20, de Madrid.
No obstante, la Agenda 2030 también implica a las comunidades autónomas, las Administraciones locales, el sector privado y el conjunto de la sociedad civil. ¿Qué están haciendo o van a hacer todos ellos al respecto para que esa ambiciosa agenda no quede en papel mojado? Habrá que estar atentos.
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