El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha enviado una instrucción a sus profesionales con la que regula la colocación de carteles, anuncios y publicidad en los espacios públicos de sus centros de salud y hospitales.
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Explica sin ambages que obedece a que se ha detectado la presencia de mensajes que son injuriosos u ofensivos para determinadas personas, colectivos o instituciones. La instrucción prohíbe así estos carteles como aquellos que favorezcan a formaciones políticas o ideológicas porque no se ajustan al principio de neutralidad que todo poder público debe respetar. La decisión sobre la conveniencia o no de las comunicaciones corresponderá a la dirección.
“La presencia de determinados símbolos, críticas a diferentes políticas sanitarias o convocatorias a actos y concentraciones de protestas irían en contra del principio de neutralidad de las instituciones”, reza la orden del Sergas, que añade que los letreros en espacios como corredores, ascensores, paredes o puertas “favoreciendo a determinadas formaciones políticas o ideológicas” no se ajustan al principio de neutralidad.
Lo cierto es que la sanidad gallega vive una época convulsa fundamentalmente por las protestas de los profesionales de atención primaria (AP), que llevan más de un año en pie de guerra. Las protestas han traspasado la barrera sindical y los propios médicos han liderado las movilizaciones a través de sus asambleas. Otros conflictos como la decisión de cerrar el paritorio de Verín (Ourense) también han tenido amplia repercusión en la política y en los medios de comunicación que se publican en Galicia.
La instrucción considera espacios públicos los despachos en los que los trabajadores, sean sanitarios o no, desarrollan su trabajo
En los centros sanitarios, sobre todo en los centros de salud, los letreros de todo tipo, de salud, ofreciendo ayuda a personas mayores, críticas a la Xunta de Galicia o convocatorias a manifestaciones son algo corriente.
Sin embargo, el Sergas sostiene en su instrucción que el derecho a la libertad ideológica y a la libertad de expresión no son ilimitados, por lo que es necesario regular la colocación de carteles, notas o comunicaciones.
Quedará restringida a los tableros oficiales de anuncios o espacios habilitados para ese uso y su gestión corresponderá a la dirección del centro, que designará a una persona encargada de decidir la colocación, ordenación, actualización o retirada de los que se anuncie.La instrucción considera espacios públicos los despachos en los que los trabajadores, sean sanitarios o no, desarrollan su trabajo.
No se permitirán los carteles “racistas, xenófobos o que promuevan la discriminación cultural o religiosa; sexuales, ilegales o ilícitos; aquellos que contengan mensajes violentos, degradantes o vejatorios y los que sean discriminatorios, falsos o obscenos y atenten contra las personas, profesionales, instituciones públicas o privadas o cualquier otro ente público o privado”. La información ha de ser siempre de interés público y los carteles publicitarios o promocionales deberán estar relacionados con la salud.
Los médicos reciben esta instrucción como un intento para acallar las voces críticas sobre la política sanitaria en un año electoral
Los sindicatos “más representativos” y los que tengan representación en el comité de empresa y en la junta de personal tendrán a su disposición un tablero para difundir avisos y su gestión y responsabilidad recaerá sobre las organizaciones anunciantes. También estará permitida en los paneles habilitados la publicidad relativa a eventos benéficos o de interés social, de asociaciones de pacientes y entidades sin ánimo de lucro.
Un intento de acallar las críticas en año electoral
Las asambleas de médicos han vehiculizado las movilizaciones de la atención primaria gallega al margen de los sindicatos. Desde este colectivo se recibe esta instrucción como un intento para acallar las voces críticas sobre la política sanitaria en un año en que se van a celebrar elecciones autonómicas, aunque también se reconoce que la orden está dentro de lo que marca la Ley.
“Se está aplicando a rajatabla la Ley. Había cierta tolerancia y va a dejar de haberla, ¿por qué ahora?”, inquiere Alberto García Pazos, miembro de la Asamblea de Vigo, quien considera que va más allá de las asambleas médicas porque la conflictividad es general: “Hay mucho malestar y quieren impedir que se exponga a través de carteles en los centros”.
Preguntado por las motivaciones de la instrucción, el Sergas ha aseverado que no tiene nada que ver con ningún caso ni ningún centro en particular y se ha limitado a insistir en que el objetivo es el uso adecuado de los espacios públicos.
Ramón Veras, de la Asamblea de Médicos de A Coruña, hace una lectura muy distinta. Cree que la orden es una medida dirigida a las asambleas y que busca “cerrar la boca de la gente crítica” y que esas críticas no se visibilicen en los centros de salud “por donde va a pasar mucha gente en un año en que va a haber elecciones”.
A Susana Aldecoa, presidenta de Agamfec (Semfyc en Galicia) y miembro de la Asamblea de Vigo, le parece innecesaria y de mal gusto: “Somos tremendamente respetuosos en nuestras movilizaciones, son absolutamente profesionales. Desde el principio nos desvinculamos de partidos políticos para evitar estos problemas e interpretaciones”.
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