El Constitucional ha admitido el recurso de amparo presentado por el Grupo socialista contra los acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Extremadura de 2013, que inadmitieron a trámite la propuesta de Ley "de defensa de la Sanidad Pública", exigiendo un plan estratégico previo a la introducción de la gestión privada en la sanidad extremeña.
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