CCOO, UGT y CSI-F han pedido la dimisión del gerente del Servicio Aragonés de Salud (Salud) , Javier Marión, después de que éste llegara ayer a un acuerdo con la coalición Cemsatse para evitar la huelga.
Entre las reivindicaciones que recoge el acuerdo, y que Cemsatse considera innegociables, están: la jornada de 35 horas semanales; la supresión del nivel 0 de la carrera profesional y el desbloqueo del nivel IV, paralizado desde 2010; la actualización del precio de la hora de guardia y de los complementos de nocturnidad, festividad y turnicidad, tomando como referencia los acuerdos de 2007; el incremento de las plantillas, y mejoras organizativas, como la reducción progresiva de las tarjetas sanitarias (TIS) en médicos de Familia y pediatras, la redefinición de los puestos de difícil cobertura y la revisión del actual modelo de atención continuada.
Además, se crearán dos grupos de trabajo (uno sobre primaria y otro sobre atención hospitalaria y el 061), que elevarán sus conclusiones, antes del 31 de octubre, directamente a la Mesa General de Negociación.
Los tres sindicatos de clase denuncian que la Administración “desprecia la negociación colectiva “y la de los órganos de negociación competentes en las materias negociadas, como son la Mesa General de Función Pública y la Mesa Sectorial de Sanidad.
En el acuerdo firmado ayer con Cemsatse “la Administración autonómica acepta negociar de forma bilateral con este sindicato corporativo, obviando al resto de organizaciones sindicales legítimamente elegidas para representar a todos los trabajadores”.
Los tres sindicatos critican que el grueso del acuerdo recoge materias ya negociadas a nivel estatal o que son objeto de las mesas de negociación. “[ Marión ] no puede continuar al frente del Salud, dado que demostrado debilidad e incompetencia en la negociación con un comité de huelga, creando órganos que carecen de representatividad alguna“.
Argumentan que el acuerdo es decepcionante porque no hay garantías respecto a conseguir que se cumplan las demandas de Cemsatse y por la exclusión del resto de centrales.
“Parece que el Gobierno de Aragón lo único que pretendía era conseguir disfrutar de un periodo electoral tranquilo a cambio de promesas de difícil cumplimiento habida cuenta de que no está clara la existencia de presupuestos para acometer los cambios y, además, de que el nuevo Gobierno no tiene que aceptar estos acuerdos bajo ningún concepto”, concluye el comunicado conjunto.
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