Si el tamaño de las decepciones es directamente proporcional al de las esperanzas suscitadas previamente, la atención primaria española cerró el pasado viernes una de sus semanas más horribilis. Apenas 24 horas de diferencia separaban el esperado Consejo Interterritorial monográfico de primaria, que el ministerio llevaba meses prometiendo, de los actos de celebración del Día Nacional de Atención Primaria, que el Foro de todas las organizaciones del primer nivel había convocado un día después. Lo que se perfilaba como el escenario ideal para que los profesionales presentasen en sociedad el documento ministerial -refrendado por ellos mismos y por todas las autonomías- para la reforma de primaria, se transformó en un lamento unánime que Armando Santo, vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), resumió en una frase: “Ni financiación ni compromiso político”.
Medidas a implantar a partir de 2019
- Garantizar que las demandas de atención no urgente se atiendan en menos de 48 horas.
- Actualizar la Estrategia de Cronicidad e impulsar otras como la Promoción de la Salud o el Plan frente a la Resistencia a los Antibióticos.
- Revisar la cartera de servicios con acento en la equidad, los determinantes sociales y la atención a la cronicidad y dependencia.
- Definir plazas de enfermeras especialistas. También perfiles profesionales, funciones y servicios, ratios aceptables y circuitos de coordinación.
- Establecer un plan de sustituciones, con ampliación horaria voluntaria y retribuida.
- Aumentar del número de plazas acreditadas para formación MIR en primaria y ofertar el 100% en las convocatorias anuales.
- Establecer una rotación por primaria para los MIR de Pediatría de al menos 6 meses
La ausencia del segundo se escenificaba el día anterior en el Ministerio de Sanidad, cuando todos los consejeros de Sanidad del Partido Popular que asistieron al Interterritorial se levantaron al unísono de la mesa antes de rubricar el documento que, en teoría, recogía las líneas básicas (divididas en reformas a corto, medio y largo plazo) para afrontar la crisis de primaria. Los argumentos de los consejeros populares eran tan coincidentes que sonaban a consigna consensuada: falta memoria económica -es decir, quién y cómo paga la factura de la reforma-, no hay consenso profesional y -¡Oh, sorpresa!- la inminente cita con las urnas tiñe la propuesta ministerial de un inevitable tufo electoralista.
Menos de 24 horas después, los representantes de todas las organizaciones profesionales que integran el Foro de Atención Primaria suscribían -con otra música, pero prácticamente con la misma letra- los argumentos de los consejeros disidentes. “La descapitalización financiera, organizativa e intelectual que la primaria está viviendo en todas las comunidades no se ataja con un documento que contiene algunas medidas positivas, pero que no aclara cómo se van a pagar las reformas”, asegura Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc).
¿Y el dinero?
Si poderoso caballero es don dinero, poderosas son también las razones para echarlo de menos cuando no está… ni se le espera. El Decálogo de Objetivos que el Foro de Atención Primaria volvió a poner sobre la mesa el pasado jueves -por quinto año consecutivo- cifra en un muy concreto 16% el porcentaje del gasto sanitario público que todas las autonomías deben destinar a su primaria en 2020, con el objetivo de llegar al 20% en los próximos cuatro años; la única referencia que el documento ministerial hace a la financiación es una vaga mención a la “necesidad de incrementarla”.
Pero, con ser muchas, no todas las esperanzas previas de los profesionales se fundaban en la celebración -por fin- del prometido Interterritorial monográfico de primaria. Esta vez, se daban algunas circunstancias que podían propiciar que la crisis en el primer nivel asistencial se tomara -de verdad- en serio. Primero, que la conflictividad social en sanidad, particularmente en el ámbito de atención primaria, había marcado los últimos meses de 2018 la actualidad de varias comunidades.
“La descapitalización de la AP no se ataja con un documento con medidas positivas, pero que no aclara cómo se pagarán”, apunta Tranche (Semfyc)
Segundo, que las autonomías llevan tiempo quejándose del déficit de médicos, que sobre todo les da dolores de cabeza en atención primaria y particularmente en las zonas rurales, si bien el problema también empieza a verse en las urbanas. Todos los servicios de salud coincidían en que los problemas son comunes y en que era bueno que hubiera soluciones coordinadas y lideradas por el ministerio de María Luisa Carcedo; incluso se hablaba de evitar una guerra entre autonomías para atraer a los médicos en una perversa subasta.
De hecho, los tres grupos de trabajo que el ministerio creó en enero para empezar a trabajar en el documento fueron saludados por todos -profesionales, por supuesto, pero también consejerías- con un cierto optimismo.
Panorama preelectoral
Pero en esto llegó el heraldo de las urnas en forma de doble cita electoral -nacional y, ojo, autonómica- y todo se trastocó. A ninguno de los consejeros -fueran del color político que fueran- les interesaba ahora que a pocas semanas de la campaña electoral las batas blancas salieran a protestar a la calle; pero ocurrió en varias comunidades, y en algunas de ellas con especial virulencia: Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra, la Comunidad Valenciana, Andalucía…
Medidas a implantar a partir de 2020
- Mantener una tasa de temporalidad inferior al 8%.
- Incrementar de manera progresiva los presupuestos tanto en capítulo I como en infraestructuras y equipamiento. Equiparar las retribuciones complementarias en atención primaria y hospital.
- Revisar los criterios de normalización de la agenda y permitir que se adapte en función de actividades de gestión, tutoría e investigación.
- Identificar Zonas Especiales de Salud que precisarán una estrategia diferenciada para la contratación de profesionales.
- Determinar el desarrollo de programas de atención domiciliaria.
- Integrar a los MIR que terminan su formación a las bolsas de empleo y, en caso necesario, ofertar contratos de al menos dos años.
- Impulsar que la acreditación de profesorado universitario se adapte a los estándares de práctica.
En paralelo a la negociación con el Ministerio de Sanidad, Galicia, el País Vasco y Canarias elaboraron sus propios planes de atención primaria -todos ellos fuertemente cuestionados por sus médicos- y La Rioja está en ello; Cataluña y Cantabria pactaron mejoras con sus médicos de Familia y sus pediatras para evitar o parar sendas huelgas, y Navarra está en camino de hacer lo mismo; Madrid ha concluido un pilotaje de una polémica reforma horaria en los centros de salud para intentar paliar esa falta de médicos… Entre tanto, los profesionales convocados por el ministerio para que hicieran aportaciones a la estrategia de reforma seguían remando en los grupos de trabajo para intentar alumbrar un documento apañadito -y consensuado- que llevar a la tierra prometida del Interterritorial monográfico.
En general, las comunidades autónomas de uno y otro color político comentaban que estaban de acuerdo en las líneas generales del plan, pero a medida que se acercaba la fecha del Interterritorial, ocurrieron varias cosas:primero, los coordinadores oficiales de la reforma [Amando Martín Zurro y Andreu Segura] dimitieron sin dar explicaciones públicas; el ministerio se limitó a agradecerles los servicios prestados y mantuvo el plazo inicialmente fijado para presentar un texto final, porque el Interterritorial apremiaba. Segundo -y quizás más importante-, entre documento y documento (algunos con menos de 24 horas de diferencia), médicos y enfermeros empezaron a manifestar sus discrepancias con la propuesta, criticar que no se tuvieran en cuenta sus últimas alegaciones y, sobre todo, lamentar la falta de un compromiso claro en materia de financiación.
Aunque el ministerio no se cansase de repetir hasta la saciedad que éste no era el plan del ministerio, los hechos -tozudos una vez más- parecían empeñados en demostrar que cada era más su criatura y menos la de las autonomías y, sobre todo, la de los profesionales a quienes iba dirigido.
El marco estratégico contenía, entre otras, medidas para integrar en los centros de salud a nuevos profesionales (por ejemplo, incrementar el número de enfermeras) o reducir los cupos, lo que implicaría más gasto en personal. Y eso, sin abordar el debate de la financiación autonómica, no era de recibo para las comunidades, como señaló Antonio María Sáez Aguado, consejero de Castilla y León, uno de los feudos del PP.
Los ‘populares’ criticaron que varias medidas implicaban gasto sin que se hubiera resuelto antes el debate de la financiación autonómica
Otro ejemplo de desconexión, éste con los médicos: las 1.500 tarjetas sanitarias para Medicina de Familia y las 1.000 para Pediatría que el Foro de Atención Primaria lleva años reclamando como el máximo admisible, la estrategia ministerial lo dibuja como un objetivo deseable ¡para 2022!… y además con un margen -se supone que también admisible- de un 10% más.
Opinión:
Otra oportunidad perdida para primaria
No hay fórmulas mágicas: urge financiación y buenas condiciones laborales para primaria
“Que a estas alturas limitemos el tema de los cupos a un problema de números, evidencia en qué punto estamos. La asignación de las TIS y la consiguiente adecuación de las plantillas debe fijarse con arreglo no sólo al número de pacientes, sino a las características sociodemográficas de la población a atender”, argumenta el presidente de Semfyc.
¿Y ahora qué?
Apenas media hora después de la espantada de los consejeros del PP, la ministra Carcedo dio su versión en público. Según ella, el calendario electoral no había marcado los plazos, sino que había un acuerdo para tener listo un marco de trabajo antes de Semana Santa, y la Administración central no podía hacer dejación de funciones sólo por los comicios. Sea como fuere, lo cierto es que “los responsables de Sanidad que representan a casi el 50% de la población española se han levantado de la mesa antes de firmar nada. ¿Qué credibilidad y qué futuro puede tener un documento que no firman quienes tienen transferidas las competencias para hacer efectivas sus medidas?”, se pregunta Antonio Fernández Pro Ledesma, presidente de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia (SEMG).
Durante los últimos meses han aumentado las protestas en atención primaria, y varias comunidades han elaborado sus propios planes para reforzarla
Ésa era exactamente la pregunta que flotaba en el aire en la sede del Colegio de Médicos de Madrid, sede de los actos de celebración del Día Nacional de Atención Primaria el pasado jueves. En un platillo de la balanza, un documento rubricado sólo por la mitad de los consejeros del SNS, con muchos agujeros negros para los profesionales y validado por un Consejo Interterritorial sin capacidad vinculante alguna; en el otro platillo, una doble cita con las urnas que puede modificar la actual relación de fuerzas en ese Interterritorial.
Medidas a partir de 2021
- Incluir la atención primaria en departamentos o unidades docentes existentes de los centros universitarios de Medicina, Enfermería, Odontología, Psicología, Fisioterapia y Farmacia.
- Fijar 2022 como horizonte temporal para lograr que los cupos sean de hasta 1.500 pacientes en el caso de los médicos de Familia y 1.000 en Pediatría, con un margen del 10%. Estas cifras pueden variar en función de criterios territoriales, demográficos, epidemiológicos o socioeconómicos.
- Dimensionar las plantillas de los equipos de atención primaria, estableciendo la dotación de puestos de todas las especialidades y profesiones, sanitarias y no sanitarias.
- Impulsar las tecnologías que permitan el registro de datos clínicos en el domicilio del paciente y su volcado a la historia de salud digital.
¿Qué pesará más? Puestos a dar pistas, la propia ministra de Sanidad intentó aventurar alguna tras el Interterritorial, pero probablemente despistó más que aclaró:“Tras las elecciones, seguirá otro Gobierno con otras Cortes y, a partir de este documento, que le servirá de referencia, tomará las decisiones que le corresponda”.
Lejos de aparecer con los brazos caídos o dar síntomas de desunión, el Foro de Atención Primaria apretó los dientes y el jueves entonó un convencido “uno para todos y todos para uno”… y el presidente de Semfyc se descolgó con un aviso para navegantes en las procelosas aguas de la pesca de votos: “Las citas electorales marcan un inevitable impasse, pero que no les quepa duda de que miraremos con lupa los programas electorales y los compromisos explícitos con primaria para decidir qué votar y qué no votar en las elecciones”. Tendrán que hacerlo con una lupa de mucho aumento, porque si la sanidad está prácticamente ausente de la campaña -al menos, de momento-, el primer nivel parece una terra ignota para los políticos, al menos para quienes aspiran a sentarse en el Congreso.
De momento, y a falta de decisiones más firmes, el Foro de Primaria ha dejado desiertos este año los premios que desde hace 4 otorga a las autonomías que más han avanzado en el cumplimiento de los puntos de su decálogo para la mejora del nivel. Un sondeo previo a 3.782 profesionales de todas las comunidades concluyó que ninguna se merecía premio alguno.
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