La Junta de Andalucía ha prometido incorporar al sistema de dependencia, de manera gradual, a las 109.470 personas pendientes de su plan individual de atención (PIA), para lo cual pondrá en marcha un plan de choque que contará con una inversión de 77 millones de euros
El informe presentado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación cifra en un total de 75.097 las personas que podrían disfrutar de algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia (prestación económica, atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia…).
A estos dicha Consejería añade 34.373 andaluces no contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente. Son personas que han presentado su solicitud, pero están pendientes de ser valoradas para determinar su grado de dependencia.
El plan de choque prevé aunar en un único procedimiento los trámites para el reconocimiento de la situación y para la concesión de las ayudas, que actualmente se gestionaban por separado y por fases.
Entre la batería de medidas que se llevarán a cabo están potenciar la digitalización para avanzar hacia el procedimiento electrónico; facilitar la interoperabilidad con otros sistemas que tengan relación con la dependencia; revisar los criterios de gestión y los protocolos de actuación, y mejorar la coordinación entre el sistema social y sanitario.
La idea es que tanto administraciones como las entidades prestadoras de servicios puedan acceder a la misma base de datos en tiempo real y colaborar entre sí.
Incorporar más al dependiente moderado
Otro de los objetivos marcados será acelerar la incorporación al sistema de las personas que tienen reconocido el Grado I o dependencia moderada, que es el que menor cobertura tiene en la actualidad.
Como parte del plan de choque, se revisarán los criterios de gestión y los protocolos de actuación con objeto de mejorar la coordinación entre el sistema social y sanitario, y también con las corporaciones locales, encargadas de la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios.
Otra de las novedades será la aplicación de un sistema de evaluación continua, que permitirá el seguimiento de su funcionamiento, redefiniendo así competencias entre las distintas administraciones que intervienen en el procedimiento; rediseñar los circuitos de intervención para que ganen en eficacia y se agilice la valoración y elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), simplificar los trámites y la documentación solicitada y, por último, la posibilidad de unificar el procedimiento.
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