Los partidos de la oposición de Cantabria han pedido el cese o la dimisión de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, después de que El Diario Montañés publicara las conclusiones de un supuesto informe provisional acerca de las irregularidades en la contratación en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) que apuntaría que se han detectado hay “importantes incidencias“.
Esta investigación comenzó en abril, cuando trascendió que la antigua jefa del servicio de Contratación Económica y Gestión Administrativa, Inmaculada Rodríguez, había denunciando ante la gerencia del SCS que se estaban produciendo presuntas adjudicaciones a dedo en contratos menores y en recepciones y pagos de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados a los centros externos, y la posible intervención de un asesor externo en las contrataciones de suministros.
Sanidad asegura que el informe provisional indica que los procesos de contratación y tramitación “se adecúan en general a la normativa vigente”
Según El Diario Montañés, un informe provisional de Intervención General (pendiente de alegaciones de Sanidad) habría detectado varias irregularidades, como el fraccionamiento de contratos para eludir los requisitos de publicidad; discordancias entre los plazos de ejecución de obras según los contratos y lo que consta en las memorias, el uso de bienes que no habrían sido recibidos oficialmente, etc.
Sanidad ha negado que el informe provisional cite importantes irregularidades; por el contrario, afirma que el documento indica que los procesos de contratación y tramitación “se adecúan en general a la normativa vigente”, pero, en cualquier caso, el SCS aportará las alegaciones correspondientes. Ya un primer informe interno en mayo apuntó que se habían producido “incidencias contractuales”.
Respecto a responsabilidades políticas, Real ha manifestado que ya en mayo presentaron su dimisión el antiguo gerente del SCS, Daniel Pérez Gil y el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco González. Hay que recordar que Real ya ha sido reprobada por el Parlamento Cántabro a raíz de esta polémica sobre la contratación.
Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, decidirá si procede adoptar medidas cuando los informes sean definitivos: “El Gobierno debe ser respetuoso con los procedimientos y actuar en base a informes concluyentes”,
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